Prácticas de earnings management en períodos de fijación de tarifas en la industria eléctrica de Chile : 1995-2014

Abstract

Aunque las actividades relacionadas con la producción y distribución de energía eléctrica han sido privatizadas en muchos países, la mayoría de los gobiernos todavía tienen la facultad de establecer las tarifas eléctricas. Por medio de la regulación de precios, el gobierno pretende conciliar dos objetivos legítimos: por un lado, ofrecer a los ciudadanos un precio razonable para la electricidad; y, por otro, permitir que las empresas de la industria puedan obtener un retorno de acuerdo con el riesgo asociado a la inversión. La electricidad constituye un servicio básico de consumo para los habitantes de un país, servicio que suele ser suministrado por una gran empresa eléctrica que actúa como un monopolio natural en la zona geográfica en la que opera. Por ello, los cambios en las tarifas eléctricas suelen estar sujetos al escrutinio de la opinión pública y político. Por una parte, los consumidores exigen tarifas más bajas, mientras que las compañías eléctricas presentan argumentos a la autoridad reguladora a favor de aumentos de precios, alegando mayores costos de operación o nuevos planes de inversión. No obstante, los incrementos en las tarifas generalmente son asociados (por la opinión pública) con rentas monopólicas. Lo anterior dio origen a la hipótesis de los costos políticos (Watts y Zimmerman, 1986), que señala que en presencia de un proceso de este tipo de contenido político y transferencia de riqueza entre las empresas y los consumidores, las empresas manipulan su contabilidad para reducir su exposición al escrutinio público. En un contexto de regulación de precios, la hipótesis predice que cuando el gobierno establece un incremento de las tarifas, las empresas implementarán una política de prudencia con el fin de reducir artificialmente los beneficios reportados en sus estados financieros para, de esta manera, disminuir su visibilidad política. A partir de dicha hipótesis también se desprende que, en la antesala de un año de negociación y fijación de nuevas tarifas, las empresas tendrían incentivos para reducir la cifra de beneficios reportados, y así fundamentar ante el regulador la necesidad de aumentar las futuras tarifas (dadas las bajas ganancias registradas por la compañía). Este trabajo examinó la existencia de prácticas de earnings management en la industria de electricidad de Chile en el año previo a la fijación de tarifas máximas, durante el período 1995-2014. El estudio podría contribuir a la literatura en que proporciona evidencia adicional sobre la hipótesis de costos políticos en el contexto de una economía emergente y de un país no anglosajón. Se utilizaron tres modelos de devengos anormales para medir la discrecionalidad directiva en las ganancias: el modelo Jones; el modelo de Jones Modificado y el modelo de Kasznik. Se observó que en el año 2003 la media de los uit fue negativa, de acuerdo con los tres modelos. Esto último indicaría que, en promedio, las empresas habrían reducido el beneficio neto a través del uso de devengos discrecionales negativos, presumiblemente para lograr mejores tarifas. En el año 2007 la media de los uit fue negativa de acuerdo con el modelo de Jones, pero es positiva según el modelo de Jones Modificado y el modelo de Kasznik. Por lo anterior, los resultados fueron mixtos y no fue posible concluir si las empresas habrían reducido el beneficio neto mediante el uso de devengos discrecionales negativos para lograr mejores tarifas; o si las empresas habrían aumentado del beneficio neto a través de devengos discrecionales positivos, siguiendo otro tipo de motivaciones, distintas a las relacionadas con procesos regulatorios. Finalmente, en el año 2011 la media de los uit fue negativa, según los tres modelos, lo que indicaría que las empresas habrían reducido el beneficio neto reportado en los estados financieros a través del uso de devengos discrecionales negativos, presumiblemente para lograr mejores tarifas.