Constitución política de la República de Chile de 1980 : un exámen a su legitimidad

Abstract

En el último tiempo en nuestro país se ha ido profundizando y haciendo más evidente a la luz pública un debate de larga data, que dice relación fundamentalmente con la necesidad de un ordenamiento político-jurídico acorde a los nuevos tiempos, que responda a los desafíos del Chile actual. Se trata, precisamente, de una discusión entorno a la Constitución Política de la República, promulgada el año 1980 y que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. En este debate, aparecen diversas posturas respecto a si ella, básicamente, responde o no a las necesidades de la ciudadanía en la perspectiva de la consolidación de la democracia. No se trata de un tema menor, si consideramos que con ello se entra en un área bastante compleja, en donde se baten posturas muchas veces antagónicas, pues la cuestión se refiere en el fondo al tipo de sistema político y sistema económico que se cree adecuado para un país. En consecuencia, esperar un pronto acuerdo sobre la materia es ilusorio. Para ello, es necesario que la ciudadanía misma se empape de los diferentes temas que convergen en tal debate. El concepto Constitución no es univoco, sino que encierra varios significados. El más elemental, en el que hay plena coincidencia entre todos los tratadistas políticos, es el que se refiere a la Constitución como el conjunto de reglas superiores que regulan el funcionamiento de una comunidad. Según la Real Academia Española (RAE), Constitución, se precisa como: “Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política”. La idea del Contrato Social que plantea J.J. Rosseau en el siglo XVIII, está presente en la mayor parte de los textos constitucionales: los individuos que pertenecen a una comunidad deciden (libremente en teoría) establecer las reglas que van a regular la vida social. El contenido de la Constitución debería expresar, en términos fundamentales, los acuerdos y progresos de la sociedad, como también los balances de poder y canales de participación ciudadana. Ella debe ser, de acuerdo a una concepción democrática, redactada y aprobada por el pueblo a través de sus delegados de base, en las instancias Constituyentes que éste se dé, ejerciendo la soberanía popular, sin intervención de poderes ajenos. Generalmente una Constitución se cambia en momentos de crisis, cuando los representantes e instituciones estatales pierden la credibilidad y confianza de la ciudadanía, estando facultado el Pueblo para exigir e imponer al gobierno el llamado a plebiscito para cambiar la Constitución. Puede aún iniciar un proceso Constituyente sin el gobierno si éste se margina. Estos supuestos, que hablan en términos amplios de un proceso ideal, en la realidad de los diferentes pueblos se encontrarán presentes o ausentes en mayor o menor intensidad, dependiendo de los contextos históricos en que nacen las diferentes Constituciones y de los valores imperante en tal o cual sociedad. En Chile, los primeros textos constitucionales datan de los albores de la República; ésta constituye la gran idea en que se funda la vida política independiente del país. Desde 1812 destacan: el conocido “Reglamento Constitucional Provisorio”, del mismo año; la Constitución de 1818; los llamados ensayos constitucionales de de 1822, 1823, y 1828. En 1823 el texto le resta valor a la participación ciudadana, pero en 1828 se logra una síntesis de elementos participativos y representativos. La Constitución de 1833 significa un grave retroceso en materia democrática, pues, después de haber ganado la batalla de Lircay en 1830, los conservadores promulgan un texto profundamente autoritario, que consagraba un férreo presidencialismo en el país. Sólo desde 1871 en adelante se evidencia una restauración de los principios liberales. En 1925, la Constitución promulgada por el Presidente Arturo Alessandri, intenta una profundización o perfeccionamiento de la democracia con un énfasis neopresidencialista. Este texto regirá en Chile en concreto hasta el 11 de septiembre de 1973. La Constitución de 1980 significa una ruptura con la tradición republicana. Ella consagra un sistema político autoritario y la influencia del modelo neoliberal en Chile. Demuele las bases del antiguo Estado liberal-democrático para dar paso a un Estado Neoliberal. Desde 1989 se restauran ciertas garantías para una mínima “convivencia democrática”. A pesar de las reformas de 2005, que comienzan a regir en el 2006, los principios filosóficos neoliberales siguen siendo los rectores en la Carta Fundamental. Referente a lo anterior, la Constitución de 1980 procede de un período trágico en la historia de nuestro país, donde el poder es asumido casi absolutamente por la Junta de Gobierno. Se provocaron en este período graves violaciones a los Derechos Humanos desde la misma institucionalidad del Estado. Será en plena dictadura cuando se empieza a cuestionar un elemento fundamental en la Carta de 1980: su legitimidad. En su momento de visualizan dos argumentos antagónicos, uno que legitima (oficialismo y sectores adeptos) y otro que apunta a lo contrario (oposición). Más tarde, al final del régimen, con la introducción de las reformas de 1989, el debate vuelve a la palestra. De aquí en adelante, parte importante de quienes otorgaban a la Constitución un marcado rasgo de ilegitimidad, pasarán a considerar lo contrario a propósito de las modificaciones introducidas en tal fecha. No obstante, continuará presente la visión que niega la legitimidad de la carta, tanto en su origen como después de las reformas aludidas. Serán estas dos posturas, incluso después de la Ley de Reforma de 2005, las que principalmente sigan ordenando el debate sobre la materia. El debate sobre la legitimidad o ilegitimidad de la Constitución Política de 1980 permanecerá hasta la actualidad, a pesar de que en él exista una postura mayoritaria por la primera visión. Esta es una cuestión de gran trascendencia histórica, pues se trata fundamentalmente de la forma en cómo se piensa el Estado, los derechos fundamentales, el sistema económico, entre otras materias de esta envergadura. En este sentido, esta investigación se propone determinar – desde un punto de vista político - jurídico – la legitimidad de la Constitución Política de la República de Chile, promulgada el año 1980, desde las dos dimensiones de análisis que existen al respecto, es decir, la estática, que se refiere a su origen, y la dinámica, que trata sobre la aplicación de la Carta Fundamental en el tiempo, considerando las reformas introducidas. El análisis será bajo la concepción democrática de la legitimidad, considerando también la doctrina clásica y contemporánea sobre la materia. El desarrollo de éste examen a la legitimidad de la Constitución de 1980, contará en primer lugar con una extensa caracterización del contexto histórico y los antecedentes que dieron origen al texto de 1980. En segundo lugar, lo mismo ocurrirá para el caso de las reformas. En tercer término, se procederá al análisis directo de las dimensiones estática y dinámica, para determinar finalmente la legitimidad de la Constitución de 1980. Todo esto es con el fin de aportar a enriquecer la discusión señalada más arriba, pues en la medida en que existan más elementos para el debate, mejores frutos dará éste, los que irán por cierto en beneficio del devenir del Estado y el pueblo chilenos.