Reestructuración de centros de responsabilidad en el Hospital Herminda Martín de Chillán

Abstract

A pesar de los buenos indicadores de salud de Chile y del deseo del gobierno actual de establecer equidad en los servicios y poner en marcha un sistema descentralizado, el sistema de salud modelado fundamentalmente en los decenios de 1950 y 1960 no ha podido hacer frente a los cambios causados por la transición demográfica y el nuevo perfil epidemiológico de la población. Uno de los grandes problemas es que los niveles secundarios y terciarios de atención no tienen la capacidad necesaria para responder a la demanda actual. Chile tiene una vasta tradición de experiencia en salud pública y el Estado siempre ha tenido un papel destacado en las políticas y ejecución de programas de salud de amplia cobertura. En los años cincuenta, la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) a partir de la fusión de diversas entidades de beneficencia permitió el desarrollo de un sistema público de salud con una infraestructura hospitalaria importante e hizo posibles proyectos y programas de impacto considerable. Durante los 40 años siguientes, las condiciones generales de vida en el país mejoraron y las prestaciones del sistema público se extendieron a una población cada vez más numerosa. Ya, en 1996 la mortalidad infantil había disminuido de más de 120 a menos de 11 por 1.000 nacidos vivos, mientras que la atención profesional del parto cubría a más de 97% de la población objetivo. En 1979, el gobierno militar llevó a cabo una profunda reforma del sector de la salud. Se suspendió el financiamiento estatal directo de los servicios de salud y se creó el sistema de seguros privados conocido como Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), que potenció el surgimiento vigoroso de una infraestructura de carácter privado. Actualmente ese subsector privado atiende a 25% de la población, por concepto de unos US$ 300 per. Cápita al año. Se han generado así algunas inequidades evidentes, ya que el sector público gasta solo $200 per-cápita. También ha habido un aumento preocupante del costo de la atención médica a la vez que muchos usuarios se quejan de la insuficiente cobertura de los programas, de la selección negativa de los afiliados de mayor riesgo y de problemas aún no resueltos en relación con el cuidado de pacientes de la tercera edad y las enfermedades de costo extremado o catastróficas que debe ser asumido por el sector público, el cual se comporta como un seguro. Con esta reforma se procuró descentralizar y regionalizar los servicios eliminando el SNS y creando en su lugar el Sistema Nacional de Servicios de Salud. La antigua Dirección General del SNS dio origen a 27 servicios con recursos financieros y humanos propios. Toda la atención primaria pasó a estar bajo la jurisdicción de los más de 300 municipios del país (1981-1989), lo que produjo en la red asistencial una desintegración que todavía no se ha llegado a evaluar muy bien. En el año 1990, a la llegada del primer gobierno democrático, el sector público de la salud se encontraba seriamente deteriorado. El equipamiento médico estaba obsolescente; la infraestructura física (calderas, cañerías para el agua, alambrado eléctrico y otros sistemas) había llegado a un punto crítico de deficiencia, y el escaso personal estaba desmoralizado. El sector privado había atraído al personal más capacitado ofreciendo mejores salarios y perspectivas de trabajo, y la situación se hacía especialmente difícil. Ese gobierno centró su quehacer en revertir la situación crítica del sector público de la salud aumentando la inversión de fondos de 3 a 5% del producto interno bruto, implantando un programa de equipamiento médico, normalizando los sistemas hospitalarios y creando nuevos establecimientos, de atención secundaria en particular. Hoy se busca modernizar profundamente el sector de la salud en el sentido de establecer equidad en los servicios; reformar las prácticas de financiamiento, gestión y manejo del recurso humano; conseguir mayor participación de los actores, y poner en marcha un sistema descentralizado y de autogestión. Los indicadores de salud en Chile son excelentes, probablemente gracias a los progresos en el nivel de vida. Además, han aumentado las expectativas y exigencias de los usuarios con respecto a la calidad de la atención. La resolución de estos problemas en el ámbito nacional exige un gran esfuerzo continuo de gestión, dotación de recursos humanos y cambios en la cultura y estructura organizacionales. Ser autogestionado no es una idea improvisada. Se trata de un desafío establecido en la ley de autoridad sanitaria y gestión, que rige desde 1 de enero del 2005, que cambia la forma de hacer salud en Chile. Entre los más importantes desafíos impuestos a los hospitales por la normativa hoy vigente figuran: -Mejorar los niveles de eficiencia -Mejorar la capacidad de respuesta a los problemas de salud de la gente. -Trasparentar las instituciones. -Reducir las listas de espera. -Mejorar los niveles de satisfacción de la población. Esta normativa introduce, además, una serie de modificaciones, siendo fundamentales las que se refieren a los hospitales públicos, de mayor complejidad, conocidos como Tipo 1.