La nueva jurisdicción tributaria

Abstract

En muchos aspectos Chile puede medirse de manera igualitaria con países desarrollados, sin embargo un tema en el que presenta importantes debilidades y por lo que ha sido objeto de serios cuestionamientos, es en lo que respecta a su Jurisdicción Tributaria. Esto a razón que la actual estructura de tribunales funciona dentro de la administración del Servicio de Impuestos Internos, lo que deja de manifiesto la escasa independencia con respecto a este organismo público que los acoge. Lo anterior se sustenta, en que la primera instancia legal se considera al Servicio como juez y parte en las discrepancias que mantiene con el contribuyente, en lo que respecta a la pertinencia y cuantía de los impuestos que le han sido aplicados, de manera que quien formula los cargos y conoce de ellos es el Director Regional, y en consecuencia la propia entidad administrativa. El Código Tributario ha otorgado la calidad de Juez de primera instancia a los Directores Regionales para conocer de las reclamaciones en contra de las liquidaciones, giros y pagos de impuestos, quienes carecen de la debida imparcialidad pues no se trata de un verdadero tribunal de derecho. Asimismo y según el artículo 116 se le ha facultado para conferir la calidad de órgano jurisdiccional a determinados funcionarios del Servicio, lo que resulta ser inconstitucional, pues se crean tribunales por delegación y no se establecen de acuerdo a la Ley. Esta crítica generalizada al sistema tributario actual trae como consecuencia que el 30 de Noviembre del año 2002, el Presidente de aquel entonces, ingresara un Proyecto de Ley de Tribunales Tributarios, a la Cámara de Diputados para fortalecer y perfeccionar la jurisdicción tributaria, con el objetivo fundamental de dotar a la primera instancia judicial de la absoluta independencia, como también otorgar un adecuado nivel de especialización y procedimientos ágiles en la segunda instancia. El mencionado Proyecto se desarrolla y fundamenta en principios básicos: la creación de tribunales de primera instancia con verdadera independencia, una etapa de reconsideración administrativa obligatoria previa a la interposición del reclamo y la especialización de las Cortes de Apelaciones en los procesos que se tramitan en la segunda instancia. El objetivo planteado al inicio de nuestra Memoria de Título esta enfocado primordialmente en mostrar un análisis profundo acerca de lo que propone el Proyecto de Ley, de manera que el lector pueda formarse su propio juicio y advertir los beneficios que representa la reforma para el contribuyente que entra en conflicto con el Servicio, fundamentalmente en la primera instancia judicial. La presente Memoria ha sido estructurada en cuatro capítulos, los que han sido elaborados con el fin de que puedan apreciarse los principios básicos e inspiradores de la reforma, para posteriormente establecer comparaciones entre la judicatura actual y la propuesta por el Proyecto de Ley. En el primer capítulo abordaremos los fundamentos que dan origen a la reforma, con el propósito de entregar una visión más amplia de los principios que lo sustentan, los cuales están centrados en la falta de independencia de la primera instancia y de especialización en la segunda etapa judicial. En el segundo capítulo se establece una mirada al Sistema Tributario Vigente, describiendo los tribunales competentes del ámbito tributario y cómo opera el procedimiento general de reclamaciones según lo estipulado en el libro Tercero del Código Tributario, como así los recursos que proceden en el juicio tributario. En el tercer capítulo se analiza exhaustivamente el Proyecto, en lo relativo a la Ley que rige el actuar del Servicio y del contribuyente, como lo es el Código Tributario, estableciendo una pauta de comparación de la situación vigente con la iniciativa que ha sido propuesta. Finalmente en el cuarto capítulo, se intenta dar una mirada crítica a la iniciativa, estableciendo opiniones al respecto y analizando un caso recurrente de reclamación para poder establecer el aporte sustancial que significaría para el afectado la implementación de la nueva jurisdicción tributaria.